LAS IGLESIAS ANTE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS
POR LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS
www.alcnoticias.org
Buenos Aires, 10 de julio de 2008. Las y los participantes del III Encuentro "Trata y Tráfico de Personas: El compromiso de las iglesias ante la vulneración de Derechos", organizado conjuntamente por el Foro de género del CLAI (Consejo Latinoamericano de Iglesias) de Argentina, y CAREF (Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados), expresaron la preocupación ante la "naturalización" con la que se observan las diversas manifestaciones de la problemática de la trata y tráfico de personas y la dificultad para dimensionar el padecimiento real en el que están sumidas sus víctimas.
El encuentro se realizó en Resistencia, provincia de Chaco, del 4 al 6 de julio, y fue declarado de interés Municipal, Social, Cultural y Comunitario, Provincial y Legislativo.
En el documento final se expresa alarma "ante la falta de garantías y protección real para las víctimas de trata y tráfico una vez que logran escapar de las redes mafiosas que las captaron".
Estamos convencidos, dicen, que para prevenir y combatir eficazmente la trata y el tráfico de personas se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino.
Tenemos certeza, continúan, de la necesidad de poner en práctica todos los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que permitan la persecución y sanción del delito de la trata y tráfico de personas. También expectativa de que desde los diversos ámbitos estatales se asuma el compromiso de proteger y asistir a las víctimas, así como prevenir este delito.
Porque "creemos en el derecho a la vida plena y libre de todas las personas, reafirmamos nuestro total repudio a todas las formas de sometimiento y esclavitud", en la seguridad de que las iglesias se comprometen a sensibilizar a sus miembros sobre la problemática de la trata y tráfico de personas y a hacer su aporte en este sentido hacia la sociedad en su conjunto, así como demuestran su convicción de que las iglesias "brindarán espacio para que las víctimas encuentren un lugar de contención y apoyo".
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Manifiesto a la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México (INPM) en relación con la juramentación de la nueva Constitución General (Libro de Gobierno)
www.manifiestopresbiteriano.blogspot.com
Somos un grupo de hombres y mujeres, miembros en plena comunión de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, de diversas iglesias, congregaciones y organizaciones, que estamos atentos al rumbo que ha tomado recientemente nuestra iglesia. Preocupados/as por la manera en que el liderazgo responsable de desarrollar la visión y los planes para el desarrollo de la misma, nos hemos reunido con el fin de dialogar y expresar nuestra comprensión de los procesos eclesiales que nos parece están un tanto viciados debido, entre otras cosas, a que los consensos con que se toman algunas decisiones no implican la participación de un mayor número de miembros de la INPM en sus diversos niveles.
Ante el anuncio de la juramentación y aprobación de la nueva Constitución de la INPM, manifestamos nuestra inconformidad debido a que, en términos bíblicos, teológicos y jurídicos, no cumple con las especificaciones que definen la legalidad de un documento de semejante importancia, puesto que el documento que se pretende juramentar debiera derogar o abrogar la Constitución vigente a fin de garantizar su legitimidad, motivo por el cual resulta evidente su invalidez jurídica en tanto no se lleven a cabo los pasos que la actual Constitución señala, entre los cuales figura, primordialmente, el de que los integrantes de la Comisión de Reformas Constitucionales aparezcan como responsables del documento en cuestión.
Asimismo, sus fuertes inconsistencias, especialmente en términos de la falta de antecedentes históricos y, sobre todo, en cuanto a su orientación ideológica muestran un abierto retroceso en aspectos que consideramos fundamentales para que la INPM renueve su identidad y disposición para cumplir con las exigencias sociales del momento, tal como lo marca el lema reformado: Ecclesia reformata et semper reformanda est (Iglesia reformada siempre reformándose). Esto se aplica especialmente a la manera en que el nuevo documento define los siguientes aspectos:
1. Sobre las atribuciones de la Asamblea General para disolver cuerpos y organismos eclesiásticos sin mediar procesos de disciplina.
2. Ausencia del código de ética para los ministros y oficiales, que aparece en la Constitución vigente.
3. Que únicamente los varones tienen la posibilidad de acceder a los ministerios eclesiásticos, en abierta contradicción con los avances experimentados en el seno de la familia reformada latinoamericana y del resto del mundo y con los logros consagrados en constituciones anteriores.
4. La supresión de una serie de capítulos relacionados con del cuidado del medio ambiente, los derechos de los grupos étnicos, de los niños, mujeres y adultos mayores, así como la apertura a otros ministerios.
Por todo lo anterior, solicitamos que se considere seriamente no aprobar este documento y abrir nuevamente el diálogo para conseguir que una nueva Constitución de la INPM refleje auténticamente el sentir, las opiniones y las necesidades de la iglesia, entendida ésta como un espacio plural adonde incluso los grupos minoritarios (congregaciones, consistorios, presbiterios, sínodos, etcétera) sean respetados por las mayorías mediante un sano ejercicio cristiano y democrático.
Finalmente, solicitamos la creación de una Comisión de Derechos Humanos al interior de la INPM, que funcione de manera autónoma para defender, orientar y recomendar acerca de todo lo relacionado con los intereses de las minorías marginadas, y en cuya integración se contemple no sólo a oficiales de la iglesia sino a miembros de reconocida autoridad espiritual, moral e intelectual.
Encomendamos al Señor Jesucristo todos los trabajos y determinaciones de este respetable cuerpo de gobierno y reiteramos nuestro compromiso por la unidad y edificación de la Iglesia, que es su Cuerpo y presencia en el mundo (Efesios 2.11-22).
México, D.F., 5 de julio de 2008
POR LA TRATA Y EL TRÁFICO DE PERSONAS
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Buenos Aires, 10 de julio de 2008. Las y los participantes del III Encuentro "Trata y Tráfico de Personas: El compromiso de las iglesias ante la vulneración de Derechos", organizado conjuntamente por el Foro de género del CLAI (Consejo Latinoamericano de Iglesias) de Argentina, y CAREF (Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados), expresaron la preocupación ante la "naturalización" con la que se observan las diversas manifestaciones de la problemática de la trata y tráfico de personas y la dificultad para dimensionar el padecimiento real en el que están sumidas sus víctimas.
El encuentro se realizó en Resistencia, provincia de Chaco, del 4 al 6 de julio, y fue declarado de interés Municipal, Social, Cultural y Comunitario, Provincial y Legislativo.
En el documento final se expresa alarma "ante la falta de garantías y protección real para las víctimas de trata y tráfico una vez que logran escapar de las redes mafiosas que las captaron".
Estamos convencidos, dicen, que para prevenir y combatir eficazmente la trata y el tráfico de personas se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino.
Tenemos certeza, continúan, de la necesidad de poner en práctica todos los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que permitan la persecución y sanción del delito de la trata y tráfico de personas. También expectativa de que desde los diversos ámbitos estatales se asuma el compromiso de proteger y asistir a las víctimas, así como prevenir este delito.
Porque "creemos en el derecho a la vida plena y libre de todas las personas, reafirmamos nuestro total repudio a todas las formas de sometimiento y esclavitud", en la seguridad de que las iglesias se comprometen a sensibilizar a sus miembros sobre la problemática de la trata y tráfico de personas y a hacer su aporte en este sentido hacia la sociedad en su conjunto, así como demuestran su convicción de que las iglesias "brindarán espacio para que las víctimas encuentren un lugar de contención y apoyo".
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Manifiesto a la Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México (INPM) en relación con la juramentación de la nueva Constitución General (Libro de Gobierno)
www.manifiestopresbiteriano.blogspot.com
Somos un grupo de hombres y mujeres, miembros en plena comunión de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, de diversas iglesias, congregaciones y organizaciones, que estamos atentos al rumbo que ha tomado recientemente nuestra iglesia. Preocupados/as por la manera en que el liderazgo responsable de desarrollar la visión y los planes para el desarrollo de la misma, nos hemos reunido con el fin de dialogar y expresar nuestra comprensión de los procesos eclesiales que nos parece están un tanto viciados debido, entre otras cosas, a que los consensos con que se toman algunas decisiones no implican la participación de un mayor número de miembros de la INPM en sus diversos niveles.
Ante el anuncio de la juramentación y aprobación de la nueva Constitución de la INPM, manifestamos nuestra inconformidad debido a que, en términos bíblicos, teológicos y jurídicos, no cumple con las especificaciones que definen la legalidad de un documento de semejante importancia, puesto que el documento que se pretende juramentar debiera derogar o abrogar la Constitución vigente a fin de garantizar su legitimidad, motivo por el cual resulta evidente su invalidez jurídica en tanto no se lleven a cabo los pasos que la actual Constitución señala, entre los cuales figura, primordialmente, el de que los integrantes de la Comisión de Reformas Constitucionales aparezcan como responsables del documento en cuestión.
Asimismo, sus fuertes inconsistencias, especialmente en términos de la falta de antecedentes históricos y, sobre todo, en cuanto a su orientación ideológica muestran un abierto retroceso en aspectos que consideramos fundamentales para que la INPM renueve su identidad y disposición para cumplir con las exigencias sociales del momento, tal como lo marca el lema reformado: Ecclesia reformata et semper reformanda est (Iglesia reformada siempre reformándose). Esto se aplica especialmente a la manera en que el nuevo documento define los siguientes aspectos:
1. Sobre las atribuciones de la Asamblea General para disolver cuerpos y organismos eclesiásticos sin mediar procesos de disciplina.
2. Ausencia del código de ética para los ministros y oficiales, que aparece en la Constitución vigente.
3. Que únicamente los varones tienen la posibilidad de acceder a los ministerios eclesiásticos, en abierta contradicción con los avances experimentados en el seno de la familia reformada latinoamericana y del resto del mundo y con los logros consagrados en constituciones anteriores.
4. La supresión de una serie de capítulos relacionados con del cuidado del medio ambiente, los derechos de los grupos étnicos, de los niños, mujeres y adultos mayores, así como la apertura a otros ministerios.
Por todo lo anterior, solicitamos que se considere seriamente no aprobar este documento y abrir nuevamente el diálogo para conseguir que una nueva Constitución de la INPM refleje auténticamente el sentir, las opiniones y las necesidades de la iglesia, entendida ésta como un espacio plural adonde incluso los grupos minoritarios (congregaciones, consistorios, presbiterios, sínodos, etcétera) sean respetados por las mayorías mediante un sano ejercicio cristiano y democrático.
Finalmente, solicitamos la creación de una Comisión de Derechos Humanos al interior de la INPM, que funcione de manera autónoma para defender, orientar y recomendar acerca de todo lo relacionado con los intereses de las minorías marginadas, y en cuya integración se contemple no sólo a oficiales de la iglesia sino a miembros de reconocida autoridad espiritual, moral e intelectual.
Encomendamos al Señor Jesucristo todos los trabajos y determinaciones de este respetable cuerpo de gobierno y reiteramos nuestro compromiso por la unidad y edificación de la Iglesia, que es su Cuerpo y presencia en el mundo (Efesios 2.11-22).
México, D.F., 5 de julio de 2008
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