DIPUTADOS ABREN
LA PUERTA A LA IGLESIA PARA OFICIAR EN PÚBLICO
Roberto
Garduño y Enrique Méndez
La Jornada, 16 de diciembre de 2011
A cambio de la
presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, un sector del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) convalidó ayer la reforma de PRI y
PAN al artículo 24 de la Constitución para instaurar en México la libertad de
convicciones éticas, de conciencia y de religión y permitir así los actos de
culto, ceremonias o devociones en privado y en público.
Sin embargo, su realización y difusión se mantienen acotadas a informar y
solicitar permiso a las autoridades. En un debate de casi siete horas, un
sector de diputados de PRD y PT, y los priístas de Oaxaca, reprocharon la prisa
por aprobar una reforma que, advirtieron, representa un avance de las iglesias
y un retroceso al Estado laico.
El PRI amarró los votos de la corriente Nueva Izquierda, a condición de
que los priístas eligieran a Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) como presidente de
la mesa directiva por cuatro meses. Consumado el trueque, los chuchos
festejaron con gritos y saltitos de gozo en sus curules.
Emilio Serrano, que ha usufructuado el control de personas de la tercera
edad en Iztapalapa, era uno de los más felices. Su postura, que reflejó la de
Nueva Izquierda, dio pie a que un puñado de perredistas y petistas cuestionara
la inmoralidad de que Enrique Peña Nieto negociara la reforma para agradar al
Papa, pero también “la impudicia y la avaricia de los chuchos” de avalar un
retroceso histórico con tal de entronizar a Acosta Naranjo. Un sector del PRD
se prestó hoy a derruir al Estado laico, expresó Avelino Méndez Rangel. […]
El hasta ayer presidente de la mesa directiva, Emilio Chuayffet, facilitó
que se dispensara el trámite legislativo para que el dictamen aprobado el
miércoles sólo por 19 panistas y priístas en la Comisión de Puntos
Constitucionales se discutiera en el pleno. Mordaz, Porfirio Muñoz Ledo (PT)
cuestionó: ¿de cuándo a acá Chuayffet resultó religioso? Él forma parte de una
minoría musulmana, que con esta reforma será aplastada. Sin embargo, el petista
ya no se quedó al resto de la sesión, aun cuando registró una reserva que fue
desechada por defaul. La reforma, enviada anoche al Senado, incluye el cambio
de todo el primer párrafo del citado artículo, bajo la concepción de que no
reconocer la libertad religiosa convertiría al Estado mexicano en anticlerical.
En cambio, definen los considerandos, la libertad religiosa es el complemento necesario, es decir, la otra moneda del Estado laico... que no ignora ni desprecia la religiosidad del pueblo manifestada en la libertad de creencias... no discrimina a los creyentes ni a los no creyentes.
En cambio, definen los considerandos, la libertad religiosa es el complemento necesario, es decir, la otra moneda del Estado laico... que no ignora ni desprecia la religiosidad del pueblo manifestada en la libertad de creencias... no discrimina a los creyentes ni a los no creyentes.
Además, indica, el Estado constitucional democrático es laico porque
respeta la libertad de conciencia y de religión. Pero debe dejar claro que un
Estado que se dice laico para despreciar o ignorar las convicciones personales
o religiosas no es un Estado constitucional democrático, sino su antítesis: un
Estado autoritario o sectario, al servicio de una minoría.
El dictamen, que en la redacción final contó con la negociación directa
de las perredistas Enoé Uranga y Teresa Incháustegui con el priísta Francisco
Rojas Gutiérrez, pretendía incluir el derecho implícito de los padres de
familia o tutores a enviar a sus hijos a escuelas religiosas, con el argumento
de que eso forma parte del ejercicio de la libertad en la materia.
Los priístas asumieron además como un error de Ricardo López Pescador
suprimir, por sugerencia de Carlos Alberto Pérez Cuevas –del equipo de precampaña
de Josefina Vázquez Mota–, el tercer párrafo del artículo, que limita los actos
de culto a los templos y obliga a las asociaciones. La toma de la tribuna
encabezada por una veintena de diputados de PRD y PT obligó a PAN y PRI a
restaurar dicho párrafo y suprimir los que hacían referencia a la educación
religiosa y a la entrega de concesiones de medios electrónicos a las iglesias.
El nuevo artículo señala: toda persona tiene derecho a la libertad de
convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su
caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar,
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan
un delito o falta penados por la ley. La negociación entre bancadas derivó en
pequeños ajustes a la del documento original.
Enoé Uranga pidió a Rojas incluir la libertad de convicciones éticas, e
Incháustegui llevó hasta la curul del priísta un agregado para acotar que
ningún ministro de culto utilizará los ritos para hacer proselitismo. El
coordinador de los priístas aceptó que se agregara: “nadie podrá utilizar los
actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de
proselitismo o de propaganda política”.
Hecho el compromiso, los priístas simularon aceptar las reservas que las
perredistas presentaron más tarde desde la tribuna, y como el arreglo no
incluyó a Jaime Cárdenas (PT), el tricolor desechó su propuesta de agregar que
las relaciones diplomáticas con estados o gobiernos teocráticos se conducirán
de acuerdo con los principios de separación entre el Estado y las iglesias,
definidos en el artículo 130 de la Constitución.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Jorge González Ilescas
(PRI), reprochó desde la tribuna que la reforma constituye un retroceso y
olvida que la injerencia de las iglesias en la vida económica, política y
social mexicana provocó hechos lamentables en la historia. No en vano la
ideología juarista y la defensa del Estado laico del más universal de los
oaxaqueños, expuso.
Al extremo del salón, la diputada Hilaria Domínguez exclamó: ¡viva
Juárez! Su compañero Sami David, que ya no se quedó a la sesión para no tener
que votar a favor, pero tampoco en contra, respondió: ¡religión y fuero! En el
intercambio de gritos, Muñoz Ledo devolvió: ¡ése era el grito de Miramón!
El panista Javier Corral acusó el jacobinismo de perredistas y petistas;
luego fue a sentarse al lado de Francisco Rojas, a ver pasar el debate mientras
compartían pistaches de la misma bolsa.
Carlos Flores Rico (PRI) se solazaba de la reforma, aprobada por 199
votos en favor, 58 en contra y tres abstenciones. No sé por qué tanto
escándalo, si sólo cambiamos tres palabras, alegó.
–¿Cuáles? ¿Viva Cristo Rey? –se le cuestionó.
–¡Ash! ¿De qué se escandalizan, si es una actualización normal de la
Constitución?
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LA CONTRARREFORMA RELIGIOSA
Roberto Blancarte
Milenio, 12 de diciembre de 2011
La Cámara de
Diputados está a punto de aprobar la más grande contrarreforma religiosa y
conservadora de los últimos 150 años. Será una contrarreforma que acabará con
el Estado laico tal y como lo conocemos ahora y que dará paso, aunque lo
nieguen tanto los actores políticos como los religiosos, a una etapa de
reformas que podrían incluir la educación religiosa en las escuelas públicas,
la posibilidad para las asociaciones religiosas de poseer y administrar medios
electrónicos de comunicación y la abierta participación política y electoral de
los ministros de culto. La puerta que se está abriendo es una reforma al
artículo 24 de la Constitución, misma que cambiaría los términos de libertad de
creencias y de culto por el muy ambiguo y equívoco de “libertad religiosa”. Lo
trágico es que el partido que hará esto posible será nada más ni nada menos que
el PRI, el cual al parecer apoyará con sus votos el objetivo que se propusieron
los dirigentes del Episcopado católico y Felipe Calderón desde 2006.
¿Por qué la jerarquía católica querría cambiar el artículo 24
constitucional? Después de todo éste, que ya se cambió hace 20 años, parecería
garantizar de manera cabal la libertad de cada quien para creer lo que quiera
creer y para practicar su culto respectivo, con sólo algunas restricciones
mínimas provenientes de la necesidad de mantener el orden público. El artículo
en cuestión sostiene: “Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa
que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”.
Se agrega que “el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban
religión alguna” y que “los actos religiosos de culto público se celebrarán
ordinariamente en los templos” y que “los que extraordinariamente se celebren
fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria”. En suma, el artículo en su
actual redacción reconoce que cada quien puede creer lo que quiera creer y
practicar su religión como quiera. ¿Por qué entonces el Episcopado católico se
ha propuesto cambiarlo? La
Hace apenas
un mes, en el marco de la 92 Asamblea Plenaria de la CEM, los obispos Víctor
Rodríguez y Alfonso Cortés, secretario general y responsable de la pastoral
educativa de dicho organismo, respectivamente, afirmaron que “el Estado tiene
la obligación de dar educación religiosa a los niños y jóvenes si sus padres de
familia así lo piden”. El obispo Rodríguez Gómez habría aclarado “que la
Iglesia católica no pretende dar clases en las escuelas ni modificar la
Constitución para incluir la religión en la educación” y que “tampoco promoverá
la educación religiosa en las escuelas, ya que se puede impartir en las
parroquias y en el seno de las familias”. Sin embargo, al mismo tiempo, el
obispo Rodríguez habría recordado “que el corazón de la libertad religiosa consiste
en que los padres puedan inculcar la religión que prefieran” y agregó que “la
iglesia laica [es decir los fieles de la Iglesia que no son miembros del clero]
no tiene la misma restricción y ella sí podría emprender todo el camino
legislativo para conseguir que los padres de familia puedan obtener educación
religiosa para sus hijos en las escuelas”. Y como para rematar acerca de lo que
están realmente señalando, los obispos católicos, al final de su conferencia de
prensa “insistieron en la necesidad de que el educando reciba una educación
integral que incluye su formación en los valores de la verdad, el bien y la
espiritualidad”. En otras palabras, los obispos católicos quieren introducir la
llamada “libertad religiosa” a la Constitución, para después poder reclamar el
derecho de los padres a educar religiosamente a sus hijos en la escuela
pública. Y con ello le estaríamos diciendo adiós a la escuela y la educación
pública, laica y gratuita en México.
Lo peor del
caso es que el Episcopado, el gobierno de Calderón y ahora hasta el PRI
justifican su posición bajo el argumento de que se tienen que alinear con los
tratados internacionales y el respeto a los derechos humanos en ellos
incluidos. ¿Pero desde cuándo, me pregunto, recibir educación en la escuela
pública se convirtió en un derecho humano? ¿Desde cuándo se volvió un derecho
humano que las Iglesias puedan poseer medios de comunicación electrónicos?
¿Cuándo decidimos que las restricciones a la actuación política de los
ministros de culto son violaciones a los derechos humanos? ¿Qué nos los
restringe también, por ejemplo el derecho canónico de la Iglesia católica? Me
pregunto si detrás de este vuelco partidista están quizá las inconfesables
promesas de la próxima campaña electoral.
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