sábado, 16 de octubre de 2010

Letra 192, 17 de octubre de 2010


LA CNDH POR FIN DEFIENDE A LOS INDÍGENAS PROTESTANTES
Protestante Digital, 11 de octubre de 2010

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha emitido un documento en el que reprueba tajantemente la intolerancia religiosa padecida por los evangélicos en el poblado chiapaneco de Chilil, a la vez que demanda acciones para el cese de los ataques. El citado documento fue analizado en el Coloquio Intolerancia y Persecución contra los Evangélicos en México, celebrado los días 1 y 2 de octubre en ese país.
“El documento de la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) CNDH puede marcar nuevas pautas sobre el tema de la discriminación y vulneración de las garantías constitucionales que sufren las minorías religiosas, particularmente evangélicas, en algunas zonas de México”, afirma Carlos Martínez García, escritor, historiador y periodista mexicano, columnista habitual de Protestante Digital y La Jornada (en México), quien participó recientemente en el Coloquio Intolerancia y Persecución contra los Evangélicos en México In memoriam de Carlos Monsiváis.
Tanto los subsecretarios como el secretario de Gobierno de Chiapas no resolvieron en la esfera de su responsabilidad el conflicto generado por la discriminación hacia los evangélicos, lo cual motivó que el gobernador Juan Sabines Guerrero fuera merecedor de la recomendación que la CNDH hizo pública el pasado 30 de septiembre. “Los funcionarios minimizaron el asunto de intolerancia religiosa contra los evangélicos y ahora deben responder por su omisión e incompetencia”, afirma Martínez García en una entrevista en audio . indígenas protestantes fueron emplazados por sus coterráneos católicos, incluyendo las autoridades civiles del lugar, para que dejaran de negarse a participar en ceremonias religiosas y culturales vinculadas con festividades católicas.

Antecedentes
Hace un año, en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, los indígenas protestantes fueron emplazados por sus coterráneos católicos, incluyendo las autoridades civiles del lugar, para que dejaran de negarse a participar en ceremonias religiosas y culturales vinculadas con festividades católicas.
El 7 de octubre de 2009, en las oficinas de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos del gobierno chiapaneco, instancia presidida por el profesor Enrique Ramírez Coronado, los amenazados de expulsión recibieron copia del documento, el cual hicieron llegar al presidente municipal de Huixtán. Los agraviados solicitaron la toma de “medidas pertinentes para que la problemática de intolerancia religiosa no se agudice (en su contra)”. De acuerdo con la Recomendación de la CNDH, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos hizo oídos sordos ante la solicitud de auxilio. Sostiene el organismo defensor que “no se cuenta con evidencia alguna que acredite que esa instancia, con los medios a su alcance, hubiera implementado las acciones pertinentes para evitar que los agraviados fueran expulsados de su comunidad”.
La responsabilidad de no haber intervenido va más allá de evadir la protección de los derechos humanos y constitucionales de los disidentes religiosos y civiles del poblado. Éstos y otros indígenas evangélicos con problemáticas similares en varios municipios de Chiapas, dan testimonio de que Ramírez Coronado, y los funcionarios a su cargo en la oficina de Asuntos Religiosos, se empeñan en convencerles de que deben sujetarse a los acuerdos de las asambleas comunitarias, ya que ellas están protegiendo los valores culturales tradicionales.
“Efectivamente, eso es lo que hacen las asambleas, pero el subsecretario olvida que él está para proteger el derecho a la libertad de cultos de forma irrestricta y no para favorecer una visión conservadora de un sector de las poblaciones indias. Porque la diversificación religiosa y cultural es un derecho que están ejerciendo un creciente número de indígenas por propia decisión”, asegura el periodista.

Convivencia posible
“Los valores culturales tradicionales y los valores emergentes pueden convivir sin conflictividad, como lo demuestran infinidad de casos en los pueblos predominantemente indios de Chiapas, y hacia allá tienen la obligación de apuntar los funcionarios gubernamentales”, afirma Martínez García. “Su tarea no es, como en el caso de Chilil y varios más, decirles a los indígenas evangélicos que pueden creer lo que se les antoje, siempre y cuando cumplan con las cooperaciones y cargos comunitarios estrechamente vinculados a la identidad religiosa católica tradicional de la mayoría. Poner el peso de los hostigamientos, golpizas y expulsiones en los agraviados, es privilegiar a sus victimarios y compartir con ellos la convicción de que eso les pasa a los perseguidos por involucrarse con creencias extrañas y disolventes del status quo”, agrega.
La recomendación del presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, dirigida al gobernador de Chiapas, al diputado José Ángel Córdova Toledo (presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas), y a los miembros del Ayuntamiento Constitucional de Huixtán, hace un pormenorizado recuento de la justicia denegada a los evangélicos de Chilil, y señala con precisión a los responsables de perjudicar a las víctimas.
Por su precisión, señalamiento puntual de responsabilidades, y presentación de acciones a cumplimentar por parte de los destinatarios de la Recomendación, me parece que la misma no tiene igual en asuntos de intolerancia religiosa similares documentados por la CNDH en todo el país. De no actuar como expone la Comisión, el gobierno de Chiapas bien puede hacerse merecedor de más recomendaciones por casos como el de Nachig, que hemos referido en una serie publicada por Protestante Digital”, ha dicho el periodista.
Ilegalidad
En una sección del documento puede leerse que “se contraviene el contenido del artículo 31, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, en que se establece que el titular de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos tiene, entre otras facultades, la de vigilar el cumplimiento de las normas legales de carácter religioso, así como coordinar la ejecución de los programas de distensión elaborados para resolver las problemáticas de carácter religioso que se susciten en el estado, lo que en este caso no se llevó a cabo, a pesar de que con oportunidad se tuvo conocimiento en esa instancia de la intolerancia religiosa en (Chilil]… Al no adecuarse la actuación de la autoridad del gobierno del estado a los ordenamientos legales referidos, se vulneraron en perjuicio de los agraviados, los derechos humanos a la igualdad, la legalidad y a la seguridad jurídica, así como a la libertad de creencia”.
Entre las recomendaciones de la CNDH al gobernador Juan Sabines, destaca la de garantizar el retorno de los evangélicos expulsados a Chilil. Asimismo se le recomienda al gobernador que “gire instrucciones a quien corresponda para que de una vez tenga solución el conflicto religioso, y disponga lo necesario para educar a los funcionarios de su gobierno en la salvaguarda de los derechos a la libertad de creencia”.
Los conferencistas y asistentes al Coloquio Intolerancia y Persecución contra los Evangélicos en México, Carlos Monsiváis In memoriam -celebrado los días 1 y 2 de octubre- tuvieron acceso de la Recomendación de la CNDH durante el desarrollo de las ponencias y diálogos entre expositores y el participativo público que se hizo presente.
En el transcurso del Coloquio se proyectaron imágenes del escritor Carlos Monsiváis y algunas de sus frases sobre el tema convocante del evento. Una de ellas sintetiza lo acontecido en Chilil ante la pasividad de los funcionarios gubernamentales: “Los letreros expulsan de antemano. ‘En esta casa somos católicos y no aceptamos propaganda protestante’. Lo más inadmisible es el fenómeno de la conversión. Eso es tanto como aceptar el salto de mentalidad de Saulo de Tarso en el camino a Damasco cuando lo habitual es el elogio de la incondicionalidad de Juan Diego. Y las condenas se aglomeran. Los protestantes son ‘antimexicanos, agentes de la codicia de almas de Norteamérica, destructores de la unidad nacional’. En el ultraje coinciden la furia del fundamentalismo católico y el homenaje de funcionarios del gobierno a su pasado parroquial”.
“La excelente investigación de la CNDH, y sus considerandos para hacer valer las leyes en el caso Chilil, deben ser correspondidos por el gobernador chiapaneco con el cumplimiento irrestricto de los mismos. Un buen inicio, para desbrozar el camino, sería solicitarle su renuncia al Subsecretario de Asuntos Religiosos, Enrique Ramírez Coronado”, finaliza el reporte de Carlos Martínez García, tras su participación en Coloquio Intolerancia y Persecución contra los Evangélicos en México.

¿Qué se puede hacer?
Los interesados e interesadas en apoyar la libertad de conciencia y los derechos humanos de los indígenas protestantes en México pueden hacer legar sus correos electrónicos al gobierno de Chiapas pidiendo que cumpla en su totalidad la Recomendación de la CNDH (enviar a: Dr. Noé Castañón, Secretario General de Gobierno, secretario@secgobierno.chiapas.gob.mx)

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